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31 denuncias por desapariciones forzadas atribuidas a militares
27.07.2025
Desde enero de 2024, bajo la declaración de "conflicto armado interno" de Daniel Noboa, se han reportado 31 denuncias de desapariciones forzadas a manos de militares en Ecuador. Las víctimas, en su mayoría jóvenes de barrios vulnerables de la costa, fueron vistas por última vez en operativos sin control judicial. Las familias han llevado su caso ante la CIDH y denuncian encubrimiento estatal y uso de la ley de solidaridad para proteger a los implicados. Un caso emblemático involucra el secuestro y muerte de cuatro menores en Guayaquil.
Quito, Ecuador – 27 de julio de 2025 – La Fiscalía General del Estado ha revelado un preocupante número de 31 denuncias por desapariciones forzadas en Ecuador presuntamente atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas. Esta cifra emergió durante un evento público de rendición de cuentas, destacando una sombra sobre la imagen de seguridad que el gobierno busca proyectar en medio de la "guerra interna" contra el crimen organizado.
Contexto de las Denuncias y Periodo Analizado
Aunque el número exacto de casos relacionados específicamente con el periodo del "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 no fue detallado, la cifra global abarca un lapso que incluye también hechos ocurridos en años anteriores. Esto sugiere una preocupación de larga data que ahora cobra mayor visibilidad en el contexto de la militarización de la seguridad pública.
La Fiscalía indicó que estas 31 denuncias se encuentran en diversas fases de investigación. La complejidad de estos casos radica en la dificultad de obtener pruebas, la necesidad de cooperación de distintas instituciones del Estado y la protección de las víctimas y sus familias.
El Desafío de los Derechos Humanos en un Contexto de Militarización
La revelación de estas denuncias pone de manifiesto la tensión inherente entre la necesidad de combatir la criminalidad y la estricta observancia de los derechos humanos.
Organizaciones nacionales e internacionales han advertido reiteradamente sobre los riesgos de un aumento en las violaciones de derechos humanos cuando las fuerzas militares asumen un rol protagónico en tareas de seguridad interna, tradicionalmente a cargo de la policía.
La "guerra interna" ha otorgado a los militares amplias facultades, incluyendo la posibilidad de realizar operaciones conjuntas con la Policía Nacional y el uso de la fuerza letal bajo ciertas condiciones. Si bien esto ha sido justificado por el gobierno como una medida necesaria para devolver la paz al país, también ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos sobre el posible abuso de poder y la falta de rendición de cuentas.
Repercusiones y Llamado a la Transparencia
Estas denuncias podrían tener importantes repercusiones para la imagen del Estado ecuatoriano, tanto a nivel nacional como internacional. La transparencia en la investigación de estos casos y la sanción de los responsables son cruciales para:
Restablecer la confianza pública en las instituciones de seguridad.
Asegurar la justicia para las víctimas y sus familias.
Prevenir futuras violaciones y garantizar que las operaciones de seguridad se realicen dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos fundamentales.
La atención ahora se centra en cómo la Fiscalía y el sistema judicial avanzarán en estas investigaciones, y en las medidas que el gobierno tomará para garantizar que las facultades ampliadas de las Fuerzas Armadas no se traduzcan en impunidad ante presuntas violaciones de derechos humanos.