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Reestructuración estatal y despidos masivos
29.08.2025
El gobierno de Daniel Noboa redujo el número de ministerios de 20 a 14 y secretarías de 9 a 3, en medio de una reestructuración administrativa masiva que también provocó el despido de 5 000 empleados públicos sin justificación técnica clara. La fusión más polémica fue la del Ministerio del Ambiente con el de Minas, lo que ha despertado fuertes críticas por comprometer la función fiscalizadora ambiental. Estas medidas ocurren en paralelo a un acuerdo de crédito del FMI por US $5 000 millones y generaron cuestionamientos sobre transparencia y comunidades afectadas.
El gobierno ecuatoriano ha anunciado una reestructuración del Estado que incluye la fusión de ministerios y despidos masivos de empleados públicos. Esta medida, justificada como un esfuerzo para mejorar la eficiencia y reducir el tamaño del gobierno, ha generado una ola de críticas y preocupaciones.
El 24 de julio de 2025, el gobierno anunció el despido de 5.000 funcionarios públicos como parte de su plan de "eficiencia administrativa", reduciendo el número de ministerios y secretarías. Posteriormente, Petroecuador despidió a 936 trabajadores adicionales, una medida que, según la entidad, generará un ahorro de más de 31 millones de dólares al año.
El gobierno ha defendido estas acciones, argumentando que son necesarias para la modernización del Estado y que buscan optimizar los recursos. Sin embargo, diversos analistas, sindicatos y organizaciones sociales han cuestionado la falta de transparencia en el proceso y el impacto social de los despidos en un contexto de crisis económica y alta inseguridad.
Los críticos señalan que la reestructuración podría llevar a un deterioro en la calidad de los servicios públicos, un aumento del desempleo y la pérdida de capital humano y conocimiento acumulado en el aparato estatal. Además, se ha advertido sobre el impacto en la seguridad social, ya que miles de personas dejarán de contribuir al IESS, lo que podría debilitar la capacidad de la institución para pagar pensiones y cubrir la atención médica.
A pesar de que el gobierno ha negado que los despidos sean una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), organizaciones de trabajadores han afirmado que esta reestructuración se alinea con la agenda de ajuste fiscal promovida por el organismo internacional.
En respuesta a estas medidas, varias organizaciones sociales y gremiales han convocado a movilizaciones para protestar contra la reducción del Estado y los despidos masivos.