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Puerto Rico: La negociación sobre la deuda eléctrica se derrumba
01.09.2025
Un acuerdo clave para reestructurar más de $9 mil millones de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA) se vino abajo luego de que importantes bonistas, como BlackRock, se retiraran del pacto. El acuerdo original permitía que la isla pagara $2.6 mil millones en lugar de los $8.5 mil millones exigidos. Ahora, sin ese respaldo, los residentes —ya con algunas de las tarifas eléctricas más altas de EE. UU.— podrían enfrentar nuevos aumentos.
Las negociaciones para reestructurar la masiva deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico se han derrumbado una vez más. Este colapso marca otro revés en el largo y complicado proceso de bancarrota de la AEE, el cual ha estado en curso desde que Puerto Rico se acogió a la Ley PROMESA en 2017.
El acuerdo de reestructuración, que se había negociado durante meses, fue rechazado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico. Este plan buscaba reducir la deuda de la AEE, que asciende a unos $9 mil millones, a aproximadamente $2.6 mil millones. Sin embargo, la Junta, junto con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, determinaron que el acuerdo propuesto no era viable y que impondría cargas de tarifas eléctricas insostenibles para los residentes y las empresas de la isla.
El fracaso de esta negociación tiene implicaciones significativas:
Incertidumbre en las tarifas: La falta de un acuerdo de reestructuración deja el futuro de las tarifas de electricidad en el aire, lo que genera incertidumbre para los consumidores y el sector empresarial.
Futuro de la AEE: La AEE, que se encuentra en quiebra, no podrá avanzar en sus planes de modernización e inversión en infraestructura.
Regreso al litigio: Las partes regresarán a los tribunales para continuar con el litigio sobre la deuda, un proceso que ha demostrado ser costoso y prolongado.
A pesar de los desafíos, la Junta de Supervisión ha reiterado su compromiso de buscar una solución que reduzca la deuda a niveles sostenibles y que permita a la AEE realizar las inversiones necesarias para modernizar la anticuada red eléctrica de Puerto Rico. Sin embargo, la falta de consenso y la prolongación del proceso judicial complican aún más los esfuerzos por lograr una red de energía eléctrica confiable y asequible para la isla.