Cesta
0
$0,00
Ley sobre áreas protegidas desata alarma social
27.08.2025
La Asamblea Nacional aprobó urgentemente una ley que permite la co-gestión de zonas protegidas por actores privados y extranjeros, bajo el argumento de mejorar ecoturismo y seguridad. Sin embargo, comunidades indígenas y expertos legales alertan que esta norma contraviene la Constitución de 2008 y tratados como el Convenio 169 de la OIT, y podría alentar desalojos y debilitamiento de sus derechos territoriales. Se preparan ya desafíos legales a nivel nacional e internacional.
La "Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas en Ecuador", aprobada en julio de 2025, ha generado una "alarma social" y un intenso debate debido a varios puntos críticos, a pesar de que sus defensores afirman que busca fortalecer la conservación y combatir actividades ilegales.
Puntos de controversia y críticas principales:
Privatización encubierta: Organizaciones ambientalistas y pueblos indígenas expresaron su preocupación de que la ley facilite la gestión privada de las áreas protegidas. Aunque el texto final eliminó la creación de una "Empresa Pública" para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), los críticos señalan que la normativa aún alienta y privilegia la inversión privada, lo que podría llevar a una privatización indirecta de estos territorios.
Militarización de territorios indígenas: La ley permite la intervención de la fuerza pública (Policía y Fuerzas Armadas) en las áreas protegidas para combatir la minería ilegal y el crimen organizado. Sin embargo, comunidades indígenas y activistas temen que esta medida sea utilizada para proteger inversiones privadas en lugar de a las comunidades, lo que podría derivar en la criminalización de sus líderes y la violación de sus derechos a la consulta previa y la autodeterminación.
Contenido no relacionado: Una de las mayores críticas fue que la ley, tramitada como un proyecto "económico urgente", incorporó reformas a otras normativas que no tenían relación directa con las áreas protegidas,
como la Ley de Movilidad Humana y la Ley de Aviación Civil. Esto generó acusaciones de que se utilizó el proceso legislativo para aprobar cambios sin el debido debate.
Falta de participación y consulta: Expertos y organizaciones como Amazon Frontlines y Acción Ecológica cuestionaron la rapidez con la que se aprobó la ley y la falta de un debate amplio y participativo con las comunidades locales y los especialistas. Argumentan que una ley que afecta directamente los territorios y modos de vida de los pueblos originarios debe pasar por un proceso de consulta libre, previa e informada, como lo establece la Constitución.
A pesar de las críticas, los defensores de la ley, como la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, argumentaron que el objetivo es fortalecer la institucionalidad del SNAP, profesionalizar a los guardaparques y garantizar los recursos para la protección del patrimonio natural frente a amenazas como la minería ilegal y la falta de inversión. Sin embargo, las organizaciones críticas han anunciado que acudirán a la Corte Constitucional para impugnar la ley.