Gobierno de Noboa declara "enemiga del pueblo" a la Corte Constitucional
El 12 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa encabezó una manifestación en Quito contra la Corte Constitucional, calificándola de "enemiga del pueblo". Esta protesta fue en respuesta a la suspensión cautelar de 17 artículos de leyes relacionadas con seguridad y orden público. La ONU y la CIDH expresaron preocupación por la independencia judicial tras la exhibición pública de los jueces.
Quito, Ecuador – 18 de agosto de 2025 – La tensión entre el Gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional de Ecuador ha escalado a niveles sin precedentes, luego de que el Ejecutivo, a través de sus voceros, calificara al máximo tribunal de "enemigo del pueblo". Esta declaración, que ha encendido las alarmas sobre la estabilidad democrática del país, se produce tras una serie de fallos de la Corte que han suspendido artículos clave de leyes impulsadas por el Gobierno.
El enfrentamiento ha llevado a Noboa a liderar una marcha contra el organismo judicial, en la que acusó a sus jueces de frenar el avance de su agenda política, especialmente en materia de seguridad.
El Origen del Conflicto
El pulso entre el Gobierno y la Corte Constitucional se intensificó a partir de una serie de dictámenes que suspendieron la aplicación de varios artículos en tres leyes que, según el Ejecutivo, eran esenciales para su plan de seguridad y reactivación económica.
Entre los artículos suspendidos se encontraban puntos de la Ley Orgánica de Inteligencia que permitían el uso de agentes encubiertos y la obtención de datos telefónicos sin orden judicial, así como disposiciones de la Ley de Integridad Pública. La Corte argumentó que la suspensión era temporal y que buscaba analizar la constitucionalidad de los artículos, ya que su aplicación inmediata podría vulnerar derechos fundamentales.
La Reacción del Gobierno y sus Consecuencias
La respuesta del Gobierno no se limitó a un comunicado oficial. En un hecho inusual, el presidente Noboa lideró una marcha en Quito en contra de la Corte, en la que expresó su frustración públicamente, acusando a los jueces de "estancar el cambio" que, según él, demanda la mayoría de los ecuatorianos.
La marcha, que incluyó la exhibición de las fotografías de los magistrados, generó advertencias de organismos internacionales como la ONU y WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), que expresaron su preocupación por los riesgos a la independencia judicial.
A pesar de que la Corte Constitucional ha respondido que no emitirá pronunciamientos ante "declaraciones políticas", este choque frontal se proyecta como el principal desafío institucional para el Gobierno de Noboa. La situación ha puesto en el debate público el rol del control constitucional en una democracia y los límites del poder Ejecutivo cuando cuenta con un alto respaldo popular.
