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Ecuador desmantela su reputación verde
27.08.2025
El gobierno de Daniel Noboa decidió fusionar el Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas y permitir que empresas privadas y extranjeras co-gestionen zonas protegidas, mientras firma un nuevo acuerdo petrolero con Perú. Ambientalistas e indígenas advierten que esta política erosiona los derechos de la naturaleza y amenaza territorios inalienables, además de poner en jaque la reputación ecológica del país antes de la próxima COP30.
La reputación "verde" de Ecuador se encuentra en un punto de inflexión. Si bien el país ha sido reconocido internacionalmente por su biodiversidad y su histórica Constitución que otorga derechos a la naturaleza, una serie de políticas y desafíos recientes, principalmente en el segundo semestre de 2025, han desatado una ola de críticas y alarma por parte de organizaciones ambientalistas y sociales.
La situación actual se caracteriza por una dicotomía: por un lado, el gobierno promueve proyectos de conservación y acuerdos internacionales, mientras que, por otro, avanza con un modelo económico extractivista que genera conflictos y preocupaciones.
Factores que "desmantelan" la reputación:
Fusión de Ministerios: Una de las decisiones más polémicas ha sido la fusión de los Ministerios de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y el de Energía y Minas. Expertos y activistas advierten que esta medida compromete la imparcialidad de los controles ambientales, ya que la misma institución encargada de fiscalizar es la que promueve la actividad minera y petrolera.
Controversia en la Ley de Áreas Protegidas: La "Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas en Ecuador", aprobada en julio, ha generado una alarma social significativa. Sus principales críticas son:
Acusaciones de privatización: Se teme que la ley facilite la gestión privada de los espacios naturales, debilitando el rol del Estado.
Militarización: La norma permite la intervención de la fuerza pública en territorios aledaños a las áreas protegidas, lo que, según los críticos, podría criminalizar a los defensores del medio ambiente y a las comunidades indígenas.
Demandas de inconstitucionalidad: Organizaciones como la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) han presentado demandas ante la Corte Constitucional, argumentando que la ley fue aprobada sin la debida consulta prelegislativa y que vulnera derechos colectivos.
Nuevos conflictos ambientales: En agosto de 2025, el excandidato presidencial Yaku Pérez presentó una denuncia contra funcionarios del gobierno por la entrega de una licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga, un hecho que evidencia la creciente tensión entre el desarrollo minero y la protección ambiental.
Acciones que buscan mantener la reputación "verde":
A pesar de las críticas, el gobierno también ha llevado a cabo acciones para demostrar su compromiso ambiental, aunque estas no han sido suficientes para disipar la preocupación:
Expansión de áreas protegidas: El Refugio de Vida Silvestre Machay fue declarado la 79.ª área protegida del país.
Proyectos de conservación: Se ha establecido un nuevo Corredor de Conectividad para proteger la Amazonía y se han entregado más de 9.300 hectáreas a comunidades Shuar.
Incentivos y reconocimientos: Se ha entregado el reconocimiento "Punto Azul" a empresas por su manejo responsable del agua y se ha impulsado la movilización de financiamiento para la producción sostenible.
En conclusión, la reputación ambiental de Ecuador no está siendo "desmantelada" por completo, sino que se encuentra en un estado de profunda tensión. Las políticas y acciones actuales del gobierno son percibidas por amplios sectores como una priorización del extractivismo sobre la conservación, lo que contradice el histórico discurso "verde" del país y genera una creciente resistencia social y legal.