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Ambientalistas y comunidades indígenas rechazan reformas que vulneran zonas protegidas
11.08.2025
La reciente fusión del Ministerio del Ambiente con Energía y Minas, sumada a una ley que permite la gestión privada y extranjera de áreas protegidas, ha encendido alarmas entre activistas y líderes indígenas. Argumentan que estas medidas amenazan la conservación, los derechos ancestrales y socavan logros ambientales históricos del país. Polémica creciente justo antes de la COP30.
Quito, Ecuador – 10 de agosto de 2025 – Diversos grupos ambientalistas y organizaciones de comunidades indígenas en Ecuador han manifestado un fuerte rechazo a las recientes reformas gubernamentales que, según ellos, ponen en riesgo la integridad de las zonas protegidas y los territorios ancestrales. Las críticas se han centrado en decretos y políticas que buscan acelerar la inversión en sectores extractivos, como la minería y el petróleo.
La oposición, liderada por organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y colectivos ambientales, argumenta que estas reformas vulneran los derechos constitucionales y amenazan la biodiversidad del país.
Las Reformas en el Centro de la Controversia
Aceleración de Proyectos Mineros y Petroleros: Los ambientalistas y las comunidades indígenas señalan que las reformas buscan agilizar los procesos de aprobación para proyectos de extracción en zonas que son vitales para el equilibrio ecológico del país. Argumentan que se están ignorando los estudios de impacto ambiental y los procesos de consulta previa, libre e informada que son obligatorios por ley.
Debilitamiento de Controles Ambientales: Otro punto de preocupación es la reestructuración de entidades encargadas de la supervisión ambiental. Los críticos sostienen que estos cambios debilitan la capacidad de fiscalización del Estado, lo que podría conducir a la contaminación de ríos y la deforestación a gran escala.
Vulneración de la Consulta Previa: Las comunidades indígenas denuncian que estas reformas ignoran su derecho a ser consultadas sobre proyectos que afectarán directamente sus territorios. La CONAIE ha declarado que la falta de un diálogo transparente y vinculante es una violación directa de sus derechos colectivos, lo que podría llevar a protestas masivas.
Consecuencias y Llamado a la Acción
El rechazo a estas políticas no se ha quedado solo en declaraciones. Las organizaciones están explorando vías legales y planean movilizaciones para visibilizar su descontento. El conflicto subraya la tensión constante entre la necesidad de crecimiento económico del país, a menudo impulsado por el sector extractivo, y la urgencia de proteger la riqueza natural y los derechos de las comunidades que dependen de ella.
Los grupos de oposición sostienen que un desarrollo económico que se logre a expensas del medio ambiente y de las comunidades locales no es sostenible a largo plazo y podría acarrear graves consecuencias sociales y ecológicas.