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Ambientalistas critican retroceso en protección de áreas naturales y libertades civiles
16.08.2025
La fusión del Ministerio del Ambiente con Energía y Minas, junto a una nueva ley que permite la gestión privada y extranjera de zonas protegidas, ha generado críticas entre ambientalistas e indígenas. Señalan que estas medidas amenazan derechos ancestrales y podrían debilitar la postura ambiental histórica del país, justo antes de la COP30.
En el contexto actual, grupos ecologistas y de derechos humanos en Ecuador han levantado fuertes críticas por lo que consideran un retroceso en la protección de áreas naturales y un debilitamiento de las libertades civiles, especialmente para los defensores del ambiente. La situación se ha tensado a raíz de proyectos de ley y políticas que, según estas organizaciones, priorizan la inversión privada sobre la conservación y los derechos de las comunidades.
Retroceso en la Protección de Áreas Naturales
Las críticas se centran en un polémico proyecto de Ley de Áreas Protegidas, que ha generado una fuerte oposición por parte de organizaciones como la Cedenma (Coordinadora de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente). Los puntos más cuestionados son:
Lenguaje Ambiguo: Las organizaciones señalan que el texto legal utiliza verbos como "podrá" en lugar de verbos imperativos, lo que crea un vacío legal que podría permitir actividades privadas en zonas que antes estaban protegidas. Esto debilita la protección ambiental y da lugar a la discrecionalidad.
Falta de Consulta: Se denuncia la falta de obligatoriedad de la consulta ambiental y de la consulta prelegislativa a los pueblos y nacionalidades indígenas, tal como lo exige la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Esta omisión vulnera los derechos de las comunidades que dependen de estos territorios.
Privatización Encubierta: Existe el temor de que el proyecto de ley habilite una privatización de facto del patrimonio natural al permitir la inversión privada y el desarrollo turístico en áreas que deberían estar bajo una estricta conservación.
Criminalización de la Defensa Ambiental
La situación se agrava por el incremento de la criminalización y la violencia contra los defensores ambientales. Según organizaciones internacionales y reportes de activistas, las personas que se oponen a proyectos extractivos o actividades ilícitas en sus territorios enfrentan crecientes riesgos.
Amenazas y Violencia: Defensores ambientales en provincias como Bolívar y en la Amazonía han denunciado ser víctimas de intimidación y criminalización. En algunos casos, se han emitido sentencias de prisión contra líderes comunitarios que se han opuesto pacíficamente a la minería metálica.
Fusión de Ministerios: La anunciada fusión de los ministerios de Ambiente y Energía y Minas también ha generado preocupación. Los expertos advierten que esta medida podría debilitar los controles ambientales al priorizar el desarrollo de proyectos extractivos sobre la conservación.
Ineficacia del Estado: Pese a que Ecuador firmó el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar la seguridad de quienes defienden el ambiente, las organizaciones civiles critican la falta de protección efectiva y la impunidad en los casos de violencia.
En este contexto, los ambientalistas y las comunidades locales continúan exigiendo al gobierno y a la Asamblea Nacional que garanticen una protección real para las áreas naturales y respeten los derechos de quienes luchan por la conservación del país.